kirchnerismo represivo

Redireccionamiento de palazos
El Gobierno no tiene el menor empacho en cambiar su política de seguridad y hacer como si nada. Contradicciones y manipulación mediática.

El tiempo es el peor enemigo del doble discurso: lo desnuda, dejándolo en evidencia. Esta historia comienza en 2007 y verla cronológicamente nos permite descifrar el proceso que surgió a la superficie hace unos días, cuando camionetas sin identificación ni chapa recorrían Andalgalá “marcando” disidentes y tres días después, se conocía por la televisión de la existencia del Proyecto X, una red de espionaje de la Gendarmería dedicada a investigar a dirigentes políticos y sociales de la oposición. La denuncia que había comenzado en www.plazademayo.com y a la que A dos voces le había puesto imagen mostrando un facsímil era incontrastable: cuatro carillas con la firma del jefe de la fuerza, Héctor Schenone, informando en el juzgado de Norberto Oyarbide sobre las protestas en la firma Kraft.

El miércoles 6 de junio de 2007, el Senado dio media sanción al proyecto de Ley Antiterrorista, enviado en diciembre de 2006 por el Poder Ejecutivo. El proyecto fue defendido por Vilma Ibarra y tuvo 51 votos a favor y sólo uno en contra: el del senador socialista Rubén Giustiniani. Con vértigo legislativo, el proyecto fue girado ese mismo día a Diputados. En la sesión del 13 de junio, se convirtió en ley: votaron a su favor el Frente para la Victoria, el radicalismo y algunos partidos provinciales; se opusieron el ARI, el PS y los diputados Miguel Bonasso y Carlos Tinnirello. Curándose en salud frente a lo que iba a convertirse en una nueva polémica, el Gobierno se justificó diciendo que el proyecto era una respuesta a exigencias del gobierno de Estados Unidos y del Grupo de Acción Financiera internacional (GAFI), que consideraban a la Argentina “país no confiable para las inversiones”, si no se sancionaba una norma que castigara al terrorismo.

Cuidado con aterrorizar. La Ley 26.734 incorporó al Código Penal dos nuevos artículos aumentando las penas de todos los delitos “que se cometan con la finalidad de aterrorizar a la población” o de “obligar a las autoridades públicas a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Uno de los delitos contemplados es “alterar las cotizaciones de los mercados con la intención de desestabilizar la economía”. La presión de la oposición –y también la de algunos sectores de la tropa propia– logró que se incorporara al texto la aclaración de que la ley no se aplicaría cuando se tratara de hechos que afectaran los derechos humanos o sociales.

“Se trata de una norma fundamental para cumplir con los requisitos del GAFI, y todas las interpretaciones que se hicieron en contra de ella carecen de sustento y de realismo político”, aseguró Miguel Angel Pichetto, el jefe del bloque de senadores kirchneristas.

“Tenemos derecho a huelga, pero no a la extorsión”, dijo la Presidenta, refiriéndose a Moyano el 9 de diciembre de 2011. Aquellas palabras fueron el reconocimiento público de la grieta existente con la CGT y, a la vez, la introducción de un concepto que se había macerado al fuego de aquella ley que nunca iba a aplicarse: la extorsión; quienes protestaban estaban extorsionando al Estado y debían ser castigados.

“Los veteranos recurren a la extorsión”, dijo esta semana Nilda Garré, justificando la represión policial indiscriminada que dejó 24 detenidos y tres heridos en el cruce de 9 de Julio y Avenida de Mayo.

En un acto de sincericidio, José Sbatella, apenas sancionada la ley, abundó: “Es para evitar una especulación que golpee a un gobierno. Si hay medios que se unan a esos ataques están aterrorizando a la población”. Sbatella, titular de la Unidad de Investigaciones Financieras, fue llamado a silencio y aún permanece así.

Finalmente, la ley que nunca iba a aplicarse se aplicó: fue en Catamarca y con asambleístas. El fiscal federal de Cámara Antonio Gustavo Gómez declaró entonces a la agencia NA que era la primera vez que se aplicaba desde su sanción, aunque criticó al fiscal federal Julio Landívar por haber utilizado un delito federal en la Justicia provincial.

Palos escalonados. Entre el 2 de enero y el 10 de febrero de este año se produjeron varios incidentes escalonados en las zonas mineras. El 2 de enero, fue bloqueado Alto Carrizal, en La Rioja, en una protesta contra la Osisko Mining Corporation. Luego en Famatina (Catamarca, donde funciona la mina La Alumbrera, y en Belén) y en Amaicha del Valle, en Tucumán. El 27 de enero fueron detenidos y procesados diez manifestantes a raíz de un corte de ruta en Santa María, Catamarca. El 5 de febrero, hubo detenciones en Chilecito, La Rioja, durante las celebraciones del Carnaval local; participó la BAO (Brigada de Acción Operativa) y hubo decenas de heridos con balas de goma y de fogueo. El 8 de febrero, hubo 35 detenciones durante el desalojo del corte de la Ruta 40, en Belén, donde participó un grupo de policía militar denominado Kuntur; hubo menores detenidos en comisaría y también dos periodistas: Juan José Rodríguez, de la FM El Algarrobo, y Sergio Fernandez, de radio FM Estación Sur. El caos en la zona fue total: surgieron contrapiquetes con representantes de las mineras, camionetas sin chapa, policías de civil y hubo cortes inesperados de energía eléctrica en la ciudad y el corte deliberado de la transmisión de las FM locales. En la madrugada del 10 de febrero, fueron desalojados los manifestantes de Amaicha del Valle. El mismo día, se produjo en Tinogasta el desalojo del corte de la Ruta 60 –organizado por los vecinos– por parte de la Infantería; hubo balas de goma, gases y perros. Al día siguiente, Andalgalá tenía un cerco perimetral manejado por agentes de civil: no dejaban entrar a ningún periodista ni a turistas “con pinta de hippies”, basándose en la sospecha de que hippie era igual a ambientalista. En al menos dos localidades de Catamarca –Santa María y Belén–, se denunció que no se permitía el ingreso de abogados para verificar la condición de los detenidos. En otro caso, se supo que la policía local liberaba a los detenidos advirtiéndoles que volverían a la cárcel si hablaban con la prensa.

Mientras el aparato de propaganda oficial ocultaba el tema o lo manipulaba a su antojo, se produjo una gaffe presidencial que bordeó la vergüenza ajena: un “trabajador minero” mantuvo un diálogo con la Presidenta a través de una teleconferencia difundida en la Casa Rosada.

“Los trabajadores mineros queremos trabajar en paz y no que cuatro o cinco pseudoambientalistas nos corten la ruta”, dijo, uniformado con casco y overol, Antonio Domínguez desde Olavarría.

“Antonio, vos no sos dirigente político, sos un trabajador que defiende su lugar de trabajo, no te pueden acusar de ser un hombre de la Barrick Gold. En el tema minería, vamos a tener que dar una discusión en serio”, dijo Cristina.

Pero Antonio ni siquiera se llamaba así. Quien había sido presentado por Boudou como Antonio Domínguez era en realidad Armando César Domínguez, actual vicepresidente del PJ de Olavarría, secretario general de la seccional de la Asociación Obrera Minera (AOMA). En el año 2010, Domínguez fue designado interventor del gremio minero en la provincia de San Juan. “Tengo contacto y muy buena relación con las grandes compañías”, le dijo Domínguez al Diario de Cuyo el 27 de mayo de 2010, según descubrió La Nación.

El Gobierno hizo silencio respecto al tema y su aparato de difusión lo transformó en una noticia que aumentó la vergüenza ajena producida por la gaffe presidencial: Diego Goebbels Gvirtz y los cyber K coincidieron en repetir el mismo argumento: “Para Magnetto, un delegado sindical no es un trabajador. El Trece intenta demonizar a Domínguez diciendo que no es un trabajador más, sino un dirigente político”.

Motivos de pesos. El Gobierno tiene millones de razones para alinearse sobre el tema: un informe del 13 de enero difundido por el Ministerio de Planificación asegura que “el crecimiento de la exploración minera se refleja en el nuevo récord alcanzado durante 2011 en materia de inversiones, con $ 11.078 millones, un incremento acumulado desde 2003 al último año del 1.948%. Los encuentros de Cristina con Peter Munk, el presidente de la Barrick Gold, en Buenos Aires y Canadá, son las frutillas de ese helado.

Citando fuentes judiciales y abogados vinculados a las causas, Ramón Indart arriesgó en perfil.com una cifra actual de los procesados por protestas sociales: se elevarían a 4.500, con los casos resonantes del sindicalista Rubén Pollo Sobrero, los dirigentes Vilma Ripoll y Néstor Pitrola, delegados de la ex Terrabusi, y siguen las firmas. Todos ellos sufriendo, a la vez, embargos por altas sumas de dinero.

La semana arrancó bajo el influjo de esa tendencia. “Estaba en el piso y vinieron a levantarme. Ahí los policías me empezaron a pegar, tenían manoplas. Después me tiraron gas pimienta en la cara”, le dijo a La Nación Roberto Vargas, de la Asociación de Veteranos Continentales de Ituzaingó, quien mostraba las marcas que le habían quedado en la cara, moretones y ojos hinchados. Estuvo detenido en la Comisaria 48 y ahora tiene que esperar a que lo citen.

Después habló Nilda Garré y un twitter salió disparado en el ciberespacio: “El Gobierno no lo llama represión; es redireccionamiento de palazos”.
Jorge Lanata - 18-02-2012